El portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha preguntado hoy al President de la Generalitat, Ximo Puig, “si asumirá responsabilidades políticas si el tribunal de Cuentas constata irregularidades en algunos Ayuntamientos por el programa XarxaLlibres ”.
Ibáñez se ha pronunciado así después de que la Sindicatura de Comptes haya trasladado al Tribunal de Cuentas anomalías detectadas en los Ayuntamientos de Gandia, Castellón y Torrevieja. En el informe sobre los reparos formulados por los interventores locales referente a 2015 se especifica que los reparos emitidos en estos tres ayuntamientos respecto a XarxaLlibres se deben “a razones como la vulneración de la Ley General de Subvenciones, falta de justificación de requisitos de estabilidad presupuestaria, procedimiento inadecuado y naturaleza jurídica del expediente”.
“Desde el Grupo Popular hemos venido avisando durante meses que el programa XarxaLlibres no se estaba aplicando de forma correcta en algunos ayuntamientos. Este programa ha sido una chapuza, ejecutado deprisa y corriendo, que presenta numerosas deficiencias y con fines exclusivamente propagandísticos. En Castellón, sin ir más lejos, hubo hasta un informe contrario del secretario municipal. El conseller de Educación, Vicent Marzà, se ha dedicado a sacar pecho pese a los múltiples problemas que han surgido, y Puig ha dado por buenos todos los desatinos. Si el Tribunal de Cuentas confirma que se han producido irregularidades Puig no puede seguir callado”, ha manifestado.
Según consta en el informe de reparos de la Sindicatura, en el Ayuntamiento de Gandia “la concesión de subvenciones vulnera el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, ya que el Ayuntamiento incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria”. Respecto al ayuntamiento de Castellón se detecta “la falta la justificación de los requisitos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y no ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración Pública, exigibles tras la entrada en vigor de la LRSAL – Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local-“.
Por último, y respecto al Ayuntamiento de Torrevieja se señala que el procedimiento “no es el previsto en el TRLCSP –Ley de contratos del sector público- para la compra de bienes por parte de la Administración, no hay delegación de competencias y su correspondiente financiación no está cuantificada la totalidad del gasto y no se determina la naturaleza jurídica del expediente”. Además, se indica que no queda determinada la naturaleza jurídica del expediente y que no encuentra cuantificada la totalidad del gasto.
