La polémica por la apertura de comercios en festivos continúa siendo debate político, jurídico y comercial. Dos meses después de instaurar una ley que limitara a los comercios en la apertura de domingos y festivos, el ejecutivo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado una Comisión Bilateral, un acto de conciliación entre el Estado y la autonomía para abordar los artículos de “la Ley 21/2017” que incluyen variaciones sobre la apertura en festivos.
La normativa impulsada por el director general del Comercio, Natxo Costa, establece que los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 9 de octubre y 25 y 26 de diciembre no cuentan con apertura. Sin embargo, el Gobierno cuestiona el cierre en zonas de gran afluencia turística y considera inconstitucional algunos aspectos de esta normativa.
La ley que ahora cuestiona el Gobierno de España no fue iniciativa propia del Gobierno valenciano con el PSPV y Compromís al frente. Su contenido fue pactado por el grueso del sector, en concreto por el gran comercio Anged (que vela por los intereses de firmas como Carrefour, El Corte Inglés o Media Markt), por las de pequeños comerciantes Cecoval y Covaco y por la de supermercados Asucova (representante de Mercadona, Consum y Masymas), entre otras asociaciones.
Según sostienen fuentes gubernamentales “la Ley establece que dentro del periodo determinado habilitado para abrir no se pueden poner limitaciones”. Por lo que la Ley 21/2017 entraría en disputa con la ley estatal de 2004, en la cual comercios de gran afluencia turística tendrían plena libertad de horarios.
Los cambios que impone el Gobierno
El artículo 17.4 de la normativa autonómica detalla que “no se podrán habilitar los domingos y festivos siguientes: 1 de enero, 6 de enero, 1 de mayo, 9 de octubre y 25 de diciembre, o bien el 26 de diciembre, cuando este sea declarado festivo por traslado de la fiesta de Navidad”.
Según fuentes gubernamentales el Gobierno no cuestiona la regulación de horarios comerciales pero sí exige que se impongan determinados cierres. Ante leyes que determinan la plena libertad de zonas de gran afluencia turística el Gobierno afirma que este artículo va contra la ley estatal de horarios comerciales de 2004 y que determina que para fijar los festivos de apertura se deberá «atender de forma prioritaria al atractivo comercial de los días para los consumidores».
