Fuentes de la Generalitat han señalado graves deficiencias en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante las inundaciones ocurridas el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia. Según estas fuentes, la falta de sensores suficientes y fiables en los barrancos de la demarcación del Júcar, especialmente en el barranco de la Horteta, resultó determinante en la falta de aviso previo que agravó las consecuencias de la catástrofe.
El barranco de la Horteta, donde se originó la acumulación de un caudal de más de 2.000 metros cúbicos por segundo que posteriormente desembocó en el barranco del Poyo, no contaba con ningún sensor o medidor de caudal. Esta carencia técnica, calificada como «alarmante y preocupante» por las fuentes de Generalitat, impidió a la CHJ emitir alertas sobre el peligro inminente, lo que habría permitido al Centro de Emergencias (Cecopi) tomar medidas anticipadas para mitigar el impacto en municipios como Torrent y Paiporta, que quedaron gravemente afectados por las inundaciones.
Desde la Generalitat subrayan que la falta de avisos automáticos y un seguimiento insuficiente de los caudales reflejan una grave deficiencia en la actuación de la CHJ. Además, resulta «sorprendente» que el organismo haya admitido la antigüedad de sus medidores y que, a pesar de ello, no realizara supervisiones in situ del caudal, dejando sin información clave a los responsables de emergencias.
Ignorancia, poca fiabilidad de los dispositivos o ausencia de seguimiento
La CHJ no advirtió en ningún momento del riesgo de desbordamiento del barranco de la Horteta, a pesar de que este alcanzó un caudal equivalente a cinco veces el del río Ebro. Esta omisión es considerada «incomprensible» por las fuentes de la administración regional, que cuestionan si el «apagón informativo» se debió a ignorancia, a la poca fiabilidad de los dispositivos o a la ausencia de un seguimiento eficaz de la situación.
Ante estas circunstancias, se ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar explicaciones inmediatas y rigurosas sobre su actuación durante las peores riadas registradas en la provincia de Valencia. La Generalitat considera imprescindible la rendición de cuentas por parte del organismo de cuenca, cuya gestión está siendo objeto de críticas cada vez más intensas.
