La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de un delito de detención ilegal. Un suceso que ha tenido lugar en una urbanización del municipio valenciano de Manises. Los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda en la que residía la víctima desde hacía dos décadas y que había sido vendida días antes por el legítimo propietario, familiar del afectado, a dos de las personas ahora detenidas.
Según la denuncia interpuesta, un grupo compuesto por entre 10 y 12 individuos irrumpió de forma violenta en el domicilio de la víctima. Los asaltantes, armados con cuchillos, punzones y un arma de fuego, accedieron a la vivienda acompañados por un cerrajero, forzando la entrada sin consentimiento del ocupante. Una vez dentro, ataron las manos del hombre con bridas, lo golpearon repetidamente y lo amenazaron de muerte en numerosas ocasiones.
Durante el asalto, los agresores conminaron a la víctima a no regresar nunca más a la vivienda. Posteriormente, cambiaron la cerradura del inmueble y lo expulsaron de la casa por la fuerza, sin permitirle recoger sus pertenencias personales. El hombre presentaba lesiones de gravedad cuando acudió a denunciar los hechos, compatibles con la agresión sufrida durante la detención ilegal.
Tres detenidos
Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil permitieron esclarecer que la vivienda había sido vendida días antes de los hechos a dos personas, quienes, presuntamente, participaron de manera directa en la acción violenta. Tras las pesquisas, los agentes identificaron a tres responsables, que fueron detenidos el 7 de enero.
Los arrestados son dos hombres de 27 y 23 años y una mujer de 24 años, todos de nacionalidad española. A los tres se les imputan los delitos de detención ilegal, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y amenazas.
Además, ha sido investigado un hombre de 42 años y nacionalidad italiana por un presunto delito de omisión del deber de socorro. Durante el tiempo en que la víctima permanecía atada, los agresores solicitaron la instalación de un sistema de seguridad en la vivienda. El trabajador que acudió al domicilio fue testigo de la situación, pero no alertó en ningún momento a las fuerzas de seguridad.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Aldaia. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Quart de Poblet, que continúa con la tramitación judicial del caso.
