Un año después de la catastrófica DANA, el balance para el campo valenciano sigue siendo devastador. Según los datos de LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, las pérdidas de capacidad productiva en los diferentes cultivos alcanzan las 214.200 toneladas, con un valor estimado de 103,6 millones de euros.
Esa es la cantidad que los productores de la Comunitat Valenciana han dejado de ingresar.
Los cultivos más afectados por el temporal incluyen cítricos, caqui, viña, olivar, frutos secos, frutales, hortalizas y viveros de flor y planta ornamental.
Sin embargo, a pesar de la magnitud de los daños, el pasado 17 de octubre el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicaba una resolución del Consell. La resolución suprimía una partida de 26,7 millones de euros destinada a recuperar la capacidad productiva de las explotaciones afectadas. El dinero se ha redirigido a otros fines, una decisión que incumple el mandato de Les Corts y que, además, no fue consultada con las organizaciones agrarias.
La organización pide ayudas de inmediato
LA UNIÓ califica la decisión de “indignante” y reclama que los presupuestos de 2026 incluyan una dotación de 35 millones de euros para cubrir todas las necesidades derivadas de la catástrofe. La organización exige también que la tramitación de las ayudas empiece de inmediato, con la publicación de la orden de bases y la convocatoria a principios del próximo año.
La entidad agraria propone, además, que la línea de ayudas sea específica y no se limite al régimen de minimis. Plantea que se incluya a los jóvenes agricultores que hayan heredado o arrendado parcelas afectadas. También solicita que se priorice a los agricultores profesionales y jóvenes en la concesión de las ayudas. Pide que las subvenciones se extiendan a todos los tipos de cultivos, no solo a los leñosos, y a las explotaciones ganaderas afectadas. Además, reclama que se reconozcan como elegibles las inversiones ya realizadas en replantaciones.
Un año después del desastre, la recuperación sigue siendo desigual. Algunas explotaciones han podido rehacerse parcialmente gracias a las ayudas iniciales y al esfuerzo de los propios agricultores. Sin embargo, en muchas zonas los caminos rurales, acequias y sistemas de riego continúan sin estar plenamente operativos.
Las ayudas públicas y las indemnizaciones de Agroseguro sirvieron como apoyo inicial, pero resultan claramente insuficientes. La mayoría de las compensaciones se han regido por el régimen de minimis. Esto mismo limita la ayuda máxima a 25.000 euros por agricultor o ganadero. Una cantidad muy por debajo de lo necesario para recuperar las explotaciones con garantías.
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, señala que “ha faltado una respuesta más ágil y coordinada por parte de la Administración autonómica y estatal”. Explica que muchos agricultores han tenido que afrontar con sus propios recursos la reposición de cultivos, maquinaria e infraestructuras dañadas. Por lo que ha supuesto un sobresfuerzo económico enorme. Peris: “Se ha avanzado, pero no con la rapidez ni el apoyo estructural que el campo necesita ante un escenario climático cada vez más adverso.”
Además, el 6% de las parcelas afectadas por la DANA continúa en el limbo administrativo, al haber sido incorporadas al Dominio Público Hidráulico (DPH) por el Gobierno. Sus propietarios aún desconocen cuándo recibirán las ayudas o si conservarán sus derechos.
LA UNIÓ reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que resuelva esta situación y garantice los derechos de los agricultores. La organización denuncia que numerosas parcelas con actividad consolidada, incluso con derechos PAC o autorizaciones de riego, se verán gravemente afectadas si pasan a formar parte del dominio público.
Peris insiste en la necesidad de mayor claridad administrativa y jurídica. De hecho, solicita que las parcelas afectadas se incorporen al visor SIGPAC para facilitar información transparente y accesible a los agricultores.
Finalmente, LA UNIÓ exige una compensación económica justa que contemple el valor del suelo, la pérdida productiva y los daños sufridos. Así como también el mantenimiento de los derechos de PAC, plantación y riego para garantizar la continuidad de la actividad agraria en la Comunitat Valenciana.
