El juzgado de Instrucción 13 de Valencia ha levantado el secreto de sumario del Caso Azud. Según se ha revelado, los investigadores han localizado las cuentas bancarias que presuntamente habría utilizado Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, para esconder comisiones millonarias por amaños de planes urbanísticos en la ciudad.
Las cuentas bancarias de Grau estaban ocultas en seis países: EEUU, Panamá, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido. De todos ellos ha destacado el caso de Estados Unidos, país en el que reside una de las hijas del exvicealcalde junto a su marido, un ciudadano norteamericano.
Concretamente disponen de una cuenta en el JP Morgan de Milwaukee. Esta es la que habría facilitado Grau al empresario Jaime Febrer Rovira para recibir un millón de euros a cambio de favores en materia de urbanismo desde el Ayuntamiento de Valencia. Al nombre de Febrer se suman otros empresarios que habrían accedido a la realización de sobornos a Grau como Mónica Montoro, quien habría destinado uno de los pagos a la cuenta de Mónaco.
Según la investigación, se ha constatado la participación de Grau en «al menos 8 tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas a favor del empresario Jaime María Febrer Rovira y de empresas de su grupo (Grupo Axis) desde el año 2003 al año 2013″. «Jaime Maria Febrer Rovira abonaba a Alfonso Grau Alonso grandes cantidades de dinero de origen oculto y cuyo destino ocultaban para no detectarse la actividad delictiva que ambos llevaban a cabo».
LA FAMILIA DE GRAU, BENEFICIARIA DE LOS SOBORNOS
La investigación también ha desvelado que tanto Febrer como Grau «se servían de sus familiares directos» para ocultar y transformar el dinero. En concreto, el político habría hecho partícipes a María Ángeles y Sofia Grau González y a Kent Lawrence Baker y a Eugenio Cámara Alberola, sus hijas y maridos de estas. El empresario, por su parte, utilizaba tanto a su mujer como a sus hijos.
«Como consecuencia de la recepción por parte de Alfonso Grau de esos sobornos o comisiones ilícitas, éste faltando a su deber de lealtad como funcionario público, procedió a amañar varios concursos logrando que la adjudicación de terrenos públicos o derechos sobre terrenos públicos recayera en alguna de la empresas propiedad de Jaime María Febrer», denuncia la titular del Juzgado de Instrucción 13.
