La Generalitat Valenciana, bajo el liderazgo del president Carlos Mazón, ha dado un paso adelante en la recuperación de los 75 municipios afectados por la reciente DANA. Con este objetivo, el Consell ultima un decreto que redefine la estructura administrativa y la función pública, movilizando a los empleados públicos para atender las necesidades urgentes de reconstrucción y asistencia a los afectados.
El pasado domingo, Mazón inició una remodelación gubernamental con el nombramiento de Susana Camarero como portavoz del denominado «Consell de la reconstrucción». Este movimiento se complementó con la designación de Marián Cano como consellera de Industria y Turismo, en sustitución de Nuria Montes, y del teniente general Gan Pampols como vicepresidente encargado de la recuperación.
Todas estas decisiones buscan, no solo reconfigurar el liderazgo del Consell, sino también responder a las críticas recibidas por la gestión de emergencias. La creación de la nueva vicepresidencia para la recuperación, sin embargo, requiere el respaldo de un equipo administrativo sólido.
Ante este desafío, la Conselleria de Hacienda, Economía y Función Pública, liderada por Ruth Merino, prepara un decreto que introduce medidas extraordinarias para optimizar la capacidad de respuesta del cuerpo funcionarial.
Un decreto para maximizar los recursos humanos del Consell
Según un borrador del decreto adelantado por ValenciaPlaza, el texto prevé cambios en funciones, horarios y movilidad de los funcionarios. Entre las medidas más relevantes, se encuentra la posibilidad de asignar temporalmente tareas distintas a las habituales, siempre que sean compatibles con la categoría profesional del empleado. También se permitirá la reasignación de personal a otras unidades administrativas con mayores necesidades operativas.
Aunque la norma prioriza la voluntariedad en estos cambios, incluye la opción de «movilidad forzosa» si no se alcanza el número necesario de efectivos. En estos casos, la movilidad será limitada a un máximo de seis meses, prorrogables por el mismo periodo, siempre que no implique un cambio de residencia.
El decreto del Consell también permite ajustar turnos y horarios para atender las necesidades específicas de la emergencia, como la introducción de turnos vespertinos, medida que busca flexibilizar la atención al elevado volumen de solicitudes administrativas.
Aumentar efectivos: jubilaciones y bolsas de empleo
Otro aspecto destacado es la posibilidad de retrasar la jubilación de funcionarios que deseen colaborar en las tareas de reconstrucción. Según el borrador, los empleados públicos cercanos a la jubilación podrán extender su actividad por un año adicional, siempre que certifiquen que cuentan con condiciones físicas y psicológicas adecuadas.
Asimismo, el decreto plantea aprovechar todas las bolsas de empleo disponibles en la administración autonómica y, si es necesario, recurrir a bolsas de otros organismos públicos o a personas inscritas en el servicio de empleo valenciano, LABORA. En casos extremos, podría solicitarse apoyo de otras comunidades autónomas o administraciones locales.
Los sindicatos defienden medidas «voluntarias y temporales»
El borrador, presentado a la Mesa de Negociación con los sindicatos, ha recibido un respaldo generalizado, aunque con matices. Según Levante-EMV, sindicatos como UGT reconocen la urgencia y necesidad de estas medidas, pero insisten en que deben ser temporales y respetar los derechos de conciliación de los trabajadores. También demandan que los funcionarios que asuman responsabilidades superiores sean retribuidos de manera proporcional.
Por su parte, la Conselleria de Hacienda justifica el decreto como una respuesta a la «magnitud extraordinaria» de la catástrofe, que requiere una movilización ágil y eficaz de recursos humanos para atender las más de 22.000 solicitudes de ayudas directas recibidas hasta el momento.
Esta batería de medidas se votará en el pleno del Consell, marcando el inicio de una nueva etapa en la gestión de la emergencia. La reconstrucción no solo exige recursos económicos, sino también un esfuerzo conjunto del aparato administrativo, con el desafío de alcanzar una normalidad que aún parece distante.
