La Generalitat Valenciana ha confirmado la eliminación de las imágenes de videovigilancia del Palau correspondientes al 29 de octubre, fecha en la que se produjo el fuerte temporal de la DANA. PSPV y Compromís habían solicitado acceder a esas grabaciones para esclarecer el paradero del president, Carlos Mazón, durante esa jornada crítica. Sin embargo, la administración autonómica ya no conserva ese material.
Según ha explicado la portavoz del Consell, Susana Camarero, la eliminación responde al cumplimiento estricto de la Ley Orgánica 4/1997, que regula el uso de cámaras por fuerzas de seguridad en espacios públicos.
Esta normativa establece que las grabaciones deben ser destruidas en un plazo máximo de un mes, salvo que estén vinculadas a una investigación judicial o policial. No obstante, un informe de la comisaría responsable de seguridad del Palau aclara que actualmente las imágenes se conservan solo 15 días, plazo en el que efectivamente se procedió al borrado.
El Gobierno valenciano argumenta que no se recibió requerimiento alguno por parte de las fuerzas del orden para preservar las grabaciones, lo que, según la ley, impide aplicar cualquier excepción. Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Consell al subrayar que «no hay ningún procedimiento excepcional».
Presidencia de la Generalitat también aportó antecedentes del anterior Ejecutivo para defender que estos borrados son una práctica habitual en cumplimiento de la protección de datos.
LA OPOSICIÓN CRITICA EL BORRADO DE IMÁGENES
Desde la oposición se han alzado voces críticas. Joan Baldoví (Compromís) y José Muñoz (PSPV) acusan al Consell de opacidad y de impedir el acceso a información relevante sobre la agenda del president. Además, señalan la incongruencia de haber eliminado las imágenes del Palau mientras se difundía públicamente una fotografía de Mazón llegando al Cecopi a las 20:28 horas.
Desde la Generalitat se ha justificado que el Cecopi es una infraestructura crítica con un régimen legal diferente que permite conservar las imágenes por más tiempo, aunque no se ha especificado qué norma ampara esa excepción.
La controversia ha reavivado las críticas sobre la transparencia del Ejecutivo autonómico y ha llevado a la oposición a anunciar nuevas peticiones formales de información para aclarar los movimientos del president durante la jornada de emergencia.
