El grupo parlamentario Compromís ha presentado una proposición no de ley para instar desde el parlamento valenciano al gobierno central a impulsar la construcción de un marco legal claro y paralelo en el que operen las nuevas compañías de transporte de personas como Uber o Cabify sin hacer competencia desleal a los taxistas.
Según explica la diputada de Compromís Belén Bachero «se debe exigir a estas compañías requisitos similares a los exigidos a los taxistas para operar en territorio español en condiciones de igualdad. Asimismo reclamamos que se flexibilice la normativa del sector del taxi para que los taxistas puedan competir en igualdad de condiciones con estas empresas».
Para Compromís la irrupción hace dos años, de estas nuevas empresas publicitadas como «colaborativas», pero que esconden nuevas prácticas empresariales de las que obtienen beneficio sus accionistas, como cualquier otra empresa, supuso un ataque directo a la línea de flotación de un sector que emplea en España a más de 70.000 personas. Esta entrada se produjo, en gran parte, por la existencia de vacíos legales que han generado inseguridad jurídica tanto en los ciudadanos como en los trabajadores del sector que ven como estas plataformas pueden ofrecer precios más atractivos a los consumidores por no verse sometidos a las mismas y estrictas regulaciones que ellos.
Las exigencias del sector
El sector del taxi lo que exige es la eliminación de las ventajas fiscales para las VTC, como son el IVA reducido del 10%, la supresión de la «habituabilidad» que les permite operar fuera del territorio, una identificación homogénea de las VTC y la prohibición de la especulación con la compra de licencias VTC.
El problema empeora después del último pronunciamiento del Tribunal Supremo que abre la puerta a dar 10.000 licencias más de Uber y Cabify y los taxistas han entrado en guerra contra estas grandes empresas y contra el Ministerio, haciendo presión porque lo que no quieren es que las VTC sigan multiplicándose y el pronunciamiento del Supremo implica todo lo contrario.
«Por eso -ha añadido Bachero- en nuestra iniciativa parlamentaria planteamos que se respete la limitación que establece la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y su Reglamento (ROTT) de 2015 donde se fija la limitación de una licencia de VTC por cada 30 taxis».
Propuestas del grupo parlamentario
Asimismo Compromís propone que el Ministerio de Fomento desarrolle en el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres «las condiciones aplicables a las VTC en relación con el origen, destino o recorrido de los servicios» para regular así los ámbitos por los que puedan circular, acabando con la absoluta liberalización en la que operan. Que se fijen mecanismos o medidas que permitan controlar el sector de las empresas de VTC, desde las diferentes autonomías para equiparar los dos sectores en derechos y obligaciones. Y que los ayuntamientos exijan en los vehículos de alquiler con conductor (VTC) una segunda licencia concedida por la Comunidad para prestar servicio de «transporte urbano», exigiendo así una «autorización de funcionamiento específica» para operar en nuestro territorio.
