En el último año y medio, como consecuencia de la labor inspectora realizada desde las áreas de Urbanismo y Policía local, se ha producido la clausura de más de 1.000 apartamentos ilegales. Además, el Ayuntamiento ha impulsado una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en todos los distritos de la ciudad. Mientras tanto, se aprueba una nueva normativa reguladora que será la más restrictiva de España.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha pedido al Gobierno central que ponga en marcha una ventanilla única de registro de apartamentos y ha considerado que la decisión del ministerio de Consumo de bloquear la publicidad engañosa sobre apartamentos turísticos ilegales “llega tarde, aunque es positiva”.
Además, Catalá ha pedido al Gobierno que ponga en marcha sistemas informáticos que vigilen la publicidad en las plataformas digitales sobre apartamentos turísticos ilegales. Según ha recordado, se trata de un problema que afecta a todas las grandes ciudades españolas. Por ello pide «que se controle y retire esta publicidad porque si no la labor inspectora de los ayuntamientos no es eficaz».
En poco más de año y medio, con el endurecimiento de las inspecciones, se han clausurado más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en Valencia. «Estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a la proliferación de estos apartamentos», ha destacado la alcaldesa de Valencia.
«Frente a la parálisis de los gobierno de izquierda durante ocho años, hemos puesto en marcha cinco grupos de inspectores de obras y licencias de urbanismo y siete grupos de Policía Local para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales«, ha recalcado.
Aumenta en un 738% las actas-denuncia a apartamentos turísticos
La División Territorial de la Policía Local, que coordina las siete comisarías de proximidad de la ciudad, ha realizado más de 700 actas-denuncia de inspección a pisos turísticos. La mayoría de estas denuncias se interponen «por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad». En este último año y medio, los agentes han realizado más de 700 denuncias, frente a las 84 que se pusieron en el año 2023 o las 73 del año 2022
Desde la División Territorial Operativa de la Policía Local, en coordinación con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, se ha realizado un protocolo de actuación para todas las unidades policiales.
Una vez hay una reclamación se acude al lugar, allí se toman los datos de los ocupantes de la vivienda y se identifica la plataforma desde la que se ha realizado la reserva. Si se comprueba que la vivienda no está legalizada se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI se localiza al titular propietario.
