Alerta en los juzgados de Valencia al dispararse el coronavirus entre los funcionarios
Exterior del complejo 9 d'Octubre de Valencia.

El incremento de los contagios de coronavirus ha disparado las alarmas en los juzgados valencianos. El sindicato CSIF ha denunciado el retraso que están sufriendo los procesos judiciales ante la falta de personal por el aumento de positivos y la inexistencia de medidas de prevención para la seguridad del funcionariado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha advertido que tanto la expansión del virus como la falta de medidas están provocando que numerosos juzgados tengan hasta cerca de un 30% de su plantilla de baja por Covid.

El sindicato recalca que la incidencia acumulada entre funcionarios de Justicia entre el 30 de diciembre y el 13 de enero ascendía ya 2.320 si se extrapola la media habitual por 100.000 habitantes. Esta circunstancia, sumada a la falta de sustitución del personal, repercute en una ralentización de la labor del juzgado, con lo que los trámites judiciales para la ciudadanía se demoran.

Ante el auge de la sexta ola, CSIF ha exigido a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo la adopción de «todas las medidas necesarias para proteger a su personal». Estos reclaman actuaciones urgentes y piden a Justicia «que reaccione de inmediato».

LAS 5 MEDIDAS SOLICITADAS PARA LOS JUZGADOS VALENCIANOS

El sindicato reclama con urgencia que la Administración aplique el teletrabajo tres días a la semana. Del mismo modo, insta a implantar la cita previa para limitar la asistencia y reducir el riesgo de contacto. En esta sentido, la central sindical exige una reducción de aforos en los órganos judiciales. Estos señalan que en la actualidad no existen y por cada uno de ellos pasan decenas de personas a diario.

CSIF reivindica igualmente el reparto de mascarillas FFP2, una propuesta que viene realizando desde el inicio de la pandemia. Aseguran que, a pesar de los múltiples contagios, la Conselleria evita responder ante dicha cuestión.

Igualmente, han planteado los permisos «por deber inexcusable». Estos se dirigirían a trabajadores con menores a su cargo contagiados o en cuarentena. A día de hoy, la Administración les obliga a recurrir a días de vacaciones para cuidarlos.