El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el exministro de Transportes y actual diputado José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ante las elevadas penas que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. La decisión atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones populares, coordinadas por el Partido Popular, y se basa en un auto que señala un “riesgo extremo” de fuga y la existencia de “más que bastantes” indicios delictivos contra ambos.
La Fiscalía y las acusaciones consideran que la elevada petición de pena incrementa la posibilidad de que Ábalos —actual diputado del Grupo Mixto— eluda la acción de la justicia. Hasta ahora, el exministro estaba obligado a comparecer cada quince días en sede judicial, tenía prohibida la salida del territorio español y debía mantener entregado su pasaporte, medidas que, según fuentes de su defensa, había cumplido escrupulosamente.
La entrada en prisión comportará la suspensión inmediata de sus funciones y atribuciones parlamentarias, aunque conservará su acta en el Congreso de los Diputados, tal y como establece el reglamento de la Cámara.
Koldo García también a prisión
La Fiscalía también reclamó prisión provisional para Koldo García, investigado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos de mascarillas adjudicados durante la crisis sanitaria. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita para él 19 años y medio de cárcel, una petición que las acusaciones populares han respaldado, insistiendo igualmente en el riesgo de fuga.
Ábalos y García están procesados —en un auto recurrido— por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Según la tesis de la Fiscalía, ambos actuaron coordinadamente junto al empresario Víctor de Aldama —presunto comisionista de la trama— con un “preciso reparto de funciones” para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y obtener beneficios ilícitos por adjudicaciones públicas relacionadas con Adif y Puertos del Estado en marzo de 2020.
La defensa de Ábalos, ejercida por el exfiscal Carlos Bautista, sostiene que la petición de prisión obedece a presiones para que colabore con los investigadores. Argumenta además que la Fiscalía construye una “profecía autocumplida”, ya que solicita penas máximas basándose en atestados policiales para justificar el riesgo de fuga. “Mi cliente ha tenido siete días para ausentarse y no lo ha hecho”, ha recordado.
Tensión política en el gobierno
El caso ha derivado también en una tensión política de primer nivel. Ábalos, que en los últimos días ha lanzado mensajes en redes sociales interpretados como avisos al Gobierno, insinuó una presunta reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en 2018 para impulsar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El PSOE, a través de su portavoz Patxi López, ha asegurado que nada de lo que el exministro pueda declarar afecta al partido ni al Ejecutivo.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también ha salido al paso de las declaraciones de Ábalos, quien cuestionó el uso de su residencia oficial durante la pandemia. Díaz lo desmintió tajantemente y subrayó que vivía con su familia de forma autorizada.
Antes de llamarme “golfo”, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío:
Además de dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la…
— José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025
En paralelo, el presunto comisionista Víctor de Aldama declaró en la Audiencia Nacional, señalando al actual ministro Ángel Víctor Torres, al que acusó de buscar una “cartera ministerial” a cambio de favores para la trama. «Debería estar preocupado, bastante», advirtió Aldama, alimentando un caso que amenaza con seguir escalando.
