La demolición de dos grandes torres residenciales en Punta Llisera (Benidorm) parece inminente. Tras ser desestimados los recursos presentados por la Generalitat y la promotora del edificio contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que ordenaba la ejecución de una sentencia de julio de 2012 que anuló los permisos a los edificios, el gobierno valenciano tendrá que hacer frente al derribo de dos rascacielos de 22 plantas cada uno.
Hola Ferran, desde Benidorm un saludo de :M. Rosa y José Antonio. pic.twitter.com/6qZqDaNFty
— Pedro Sanchez (@PedroSa09618262) December 14, 2018
Y no le saldrá barato: el TSJV obliga a la Generalitat a compensar a los propietarios de los 168 apartamentos con un importe aproximado de 100 millones de euros. Esta sanción obligará a la Conselleria de Hacienda, que ya ha enterrado el hacha de guerra, a realizar una modificación de crédito en los presupuestos de 2019 para poder hacerle frente.
En el foco de las quejas del presidente Ximo Puig están “los despropósitos y actuaciones irracionales” permitidos por los anteriores gobiernos del PP, aunque Puig va más allá y apunta a la portavoz del partido de la oposición, Isabel Bonig. No hay que olvidar que ambas promociones de viviendas fueron autorizadas por la Generalitat en el año 2005, bajo el gobierno autonómico del popular Francisco Camps.
Sendos edificios fueron levantados en primera línea de costa y sus apartamentos se encuentran habitados desde hace años, pero se encuentran fuera de ordenación desde que en 2012 anuló su licencia por vulnerar la ley de costas. En el momento de su adquisición, su precio de mercado oscilaba entre los 400.000 y los 700.000 euros, según apunta el diario El País. En este sentido, la Generalitat tendrá que retribuir a los propietarios con un 20% más del importe que les costaron sus inmuebles.
A partir de este momento, la Generalitat tiene dos meses y medio para presentar el proyecto de demolición de las torres, así como la previsión presupuestaria de su importe total.
