Los sindicatos médicos han acordado convocar una huelga indefinida a nivel nacional a partir del próximo 28 de octubre en protesta contra el proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal sanitario, remitido ya por el Gobierno al Congreso de los Diputados. La movilización tendrá también impacto en la Comunitat Valenciana, donde las organizaciones médicas llevan meses reclamando mejoras en las condiciones laborales de los facultativos.
El Comité de Huelga, en el que participan la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y distintas organizaciones integradas en la Unión Médica y Facultativa (UMYF), ha fijado este viernes la fecha de inicio del paro después de semanas de negociaciones entre las distintas organizaciones sindicales.
Los médicos consideran que la reforma planteada por el Ministerio de Sanidad mantiene unas condiciones laborales que califican de «injustas y discriminatorias» para el colectivo. Su principal reivindicación pasa por avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio, que tenga en cuenta la formación, responsabilidad y características específicas del ejercicio de la profesión.
La Comunitat Valenciana, ante una nueva movilización
La convocatoria estatal se produce después de meses de movilizaciones de los facultativos y de negociaciones en distintas comunidades autónomas. En la Comunitat Valenciana, los sindicatos médicos han reclamado mejoras específicas en materia de jornada, guardias y retribuciones.
La situación autonómica cobra especial relevancia porque las comunidades tienen competencias en ámbitos como la organización de los servicios sanitarios, los recursos humanos y buena parte de las condiciones laborales de los profesionales.
De hecho, varias autonomías han alcanzado acuerdos con los médicos para reducir progresivamente las guardias y mejorar sus condiciones económicas. Entre ellas figura la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, el conflicto estatal continúa abierto por la oposición de las organizaciones médicas al nuevo Estatuto Marco.
El nuevo Estatuto limita las guardias a 17 horas
Uno de los principales cambios incluidos en el proyecto de ley afecta precisamente al tiempo de trabajo de los facultativos. El texto establece una jornada máxima de 45 horas semanales y limita a 17 horas la duración de las guardias.
Además, contempla la posibilidad de reducirlas hasta las 12 horas mediante la organización de los servicios de salud y establece que no podrá exigirse una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia.
El proyecto también introduce el concepto de «carga horaria excesiva», que permitiría activar medidas organizativas y exigir refuerzos de plantilla cuando exista una sobrecarga continuada. Entre los supuestos contemplados se encuentra la realización sostenida de más de cinco guardias presenciales al mes.
Los sindicatos médicos consideran, no obstante, que estas medidas son insuficientes. Reclaman, entre otras cuestiones, una reducción mayor de la jornada y de las guardias, mejoras retributivas y un marco normativo específico para médicos y facultativos.
El conflicto se traslada ahora al Congreso
El Gobierno aprobó el proyecto de Estatuto Marco el pasado 1 de septiembre, después de un proceso de negociación de casi cuatro años con los sindicatos del ámbito sanitario. La norma pretende sustituir el marco vigente desde 2003 y continuar ahora su tramitación parlamentaria.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que ha intentado evitar la huelga y ha reconocido que los facultativos tienen «razones legítimas» para protestar. Al mismo tiempo, ha defendido que parte de las reivindicaciones corresponden a las comunidades autónomas y ha señalado que el proyecto ya está en manos del Congreso, donde podrá ser aprobado, rechazado o modificado.
Los sindicatos, sin embargo, mantienen la presión y consideran que todavía existe margen para modificar la reforma durante su tramitación parlamentaria.
La huelga indefinida comenzará, salvo que se alcance un acuerdo antes, el 28 de octubre, en una movilización que amenaza con prolongar durante el otoño el conflicto laboral de los médicos y que tendrá una incidencia directa en la asistencia sanitaria de las comunidades autónomas, incluida la Comunitat Valenciana.
