La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de dos años y un mes de prisión a un agente de la Policía Nacional que simuló el robo de su motocicleta y cobró más de 13.200 euros de indemnización del seguro.
La sentencia, fruto de un acuerdo entre las partes en el que el condenado reconoció los hechos y se mostró conforme con las penas, le declara autor de un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad documental cometido por funcionario público, con la atenuante muy cualificada de reparación del daño, y otro delito de falsedad en documento oficial cometido por particular.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal le ha impuesto el pago de dos multas y una inhabilitación especial para empleo o cargo público de 13 meses.
Simuló el robo y siguió usando la motocicleta
Los hechos comenzaron el 15 de enero de 2024, cuando el ahora condenado, agente de la Brigada de la Policía Judicial de la comisaría de Torrent, elaboró una denuncia en la que relataba el robo de su motocicleta, figurando tanto como instructor de la misma como denunciante.
El funcionario no incorporó la denuncia a las aplicaciones informáticas policiales y remitió una copia a la empresa aseguradora, que el 18 de marzo del mismo año le abonó más de 13.000 euros como indemnización, pese a que el agente sabía que el robo no se había producido y que el vehículo seguía en su poder.
El 21 de marzo de 2024, el superior del policía le indicó que elaborara el atestado del asunto y lo incorporara a las bases de datos policiales para continuar con la tramitación del supuesto robo.
En ese momento, el condenado trasladó la motocicleta, que había seguido utilizando tras presentar la denuncia, a una finca propiedad de un amigo suyo, donde permaneció oculta hasta el mes de julio, cuando fue intervenida por otros agentes de la Policía Nacional.
Devolvió el dinero antes del juicio
Con anterioridad a la celebración del juicio oral, el condenado devolvió a la aseguradora el dinero que había percibido por el falso robo, así como los gastos derivados del procedimiento penal.
La sentencia, que ya es firme, acuerda además la suspensión de las penas de prisión durante un plazo de dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir en ese periodo.
