La Comunitat Valenciana estrenará el próximo 1 de junio de 2026 uno de los mayores cambios fiscales de los últimos años en materia de vivienda y herencias. La nueva normativa autonómica reducirá impuestos vinculados a la compra de inmuebles, la firma de hipotecas y las transmisiones familiares, especialmente entre familiares que hasta ahora apenas contaban con bonificaciones.
La reforma llega en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y las dificultades de acceso tanto a la compra como a la herencia patrimonial. Los cambios afectarán directamente a miles de operaciones inmobiliarias y sucesorias en toda la autonomía.
Entre las principales novedades destacan la bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), la reducción del impuesto asociado a las escrituras hipotecarias y una nueva bonificación para herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos.
Comprar una vivienda de segunda mano será más barato
Uno de los cambios más importantes llegará en la compra de viviendas usadas. Desde el 1 de junio, el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) bajará del 10% al 9% en la Comunitat Valenciana. Este impuesto es el principal coste fiscal que afronta quien adquiere una vivienda de segunda mano.
La rebaja supondrá un ahorro relevante en muchas operaciones. Por ejemplo, en una vivienda valorada en 300.000 euros, el comprador pasará de pagar 30.000 euros a 27.000 euros en impuestos, lo que representa 3.000 euros menos.
La reforma mantiene además los tipos reducidos ya existentes para determinados colectivos, como jóvenes menores de 35 años, familias numerosas, familias monoparentales, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género.
También seguirá vigente el tipo agravado del 11% para transmisiones inmobiliarias superiores al millón de euros. Además, la ley incorpora un nuevo tipo reducido del 4% para determinados terrenos con uso agrícola, dentro de las medidas destinadas a favorecer la actividad rural y agraria.
Firmar una hipoteca también costará menos
La reforma fiscal valenciana también introduce cambios en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), un tributo ligado a la formalización de documentos notariales y escrituras públicas.
En la práctica, este impuesto afecta especialmente a la firma de hipotecas y operaciones inmobiliarias formalizadas ante notario. Desde junio de 2026, el tipo general del AJD bajará del 1,5% al 1,4%. Aunque la reducción pueda parecer pequeña, supone un ahorro adicional en operaciones de elevado importe, especialmente en un contexto de hipotecas todavía condicionadas por los altos precios de la vivienda y los costes financieros.
El AJD es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y su cuantía varía dependiendo del territorio. La Comunitat Valenciana continúa así una línea de rebajas fiscales orientadas al mercado inmobiliario y a facilitar determinadas operaciones de compra.
Heredar de un hermano, tío o sobrino tendrá menos carga fiscal
La tercera gran novedad afecta a las herencias y donaciones entre familiares colaterales. Hasta ahora, heredar de un hermano, un tío o un sobrino implicaba afrontar una carga tributaria mucho más elevada que en las transmisiones entre padres e hijos o entre cónyuges. A partir del 1 de junio, estas operaciones contarán con una bonificación del 25% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La medida no elimina completamente el impuesto, pero sí reduce de forma considerable el importe final a pagar. Además, la Generalitat ya ha previsto ampliar esta rebaja hasta el 50% a partir de junio de 2027. Las bonificaciones del 99% para familiares directos —como hijos, padres, nietos o cónyuges— seguirán manteniéndose sin cambios.
La nueva regulación busca aliviar especialmente situaciones familiares frecuentes relacionadas con herencias entre hermanos o transmisiones patrimoniales entre tíos y sobrinos, que hasta ahora apenas disponían de ventajas fiscales.
Con esta reforma, la Comunitat Valenciana modifica una parte importante de su sistema tributario vinculado a la vivienda y las herencias, en un momento donde el acceso al mercado inmobiliario y la presión fiscal sobre determinados patrimonios se han convertido en uno de los grandes debates económicos y sociales.
