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Prohíben la entrada en España a ocho detenidos por tirar petardos prohibidos en fallas. Agentes de la Policía Nacional detuvieron en marzo a 13 varones con edades comprendidas entre los 22 y 41 años. Están acusados de delitos de daños, desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y lesiones. La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras prohíbe la entrada en nuestro territorio a ocho de los arrestados durante cinco años.

El proceso penal, que discurre paralelo a esta vía administrativa, continúa su curso. Los arrestados, todos ellos ciudadanos comunitarios, pusieron en riesgo la integridad física de los ciudadanos. Estos llegaron a lanzar, contra personas y bienes, material pirotécnico prohibido.

Los agentes adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia iniciaron los procedimientos contra seis ciudadanos alemanes, uno suizo y otro neerlandés. Dicho procedimiento se inició al representar, los expedientados, una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público.

Grave riesgo para la integridad física de los ciudadanos

Los acusados ocultaban su rostro para evitar ser reconocidos, lanzaron diverso y abundante material pirotécnico hacia los ciudadanos que se encontraban por la zona del antiguo cauce del río Turia. Varios petardos tipo “carretillas” llegaron a impactar en algunas personas, que tuvieron que huir a la carrera del lugar. Provocando uno de ellos quemaduras en la ropa de una mujer. Además, arrojaron varias “carretillas” al furgón policial y a los policías para sustraerse de la actuación policial, resultando uno de los agentes herido en el pómulo y con quemaduras en la espalda, requiriendo asistencia en un centro hospitalario.

Otro de los detenidos llegó a arrojar contra los viandantes, artefactos explosivos de gran potencia desde las ventanas del hotel donde se alojaba, así como en zonas comunes del establecimiento hotelero, llegando incluso a explosionar un artefacto en la misma habitación que ocupaba, causando importantes daños materiales.

Tras el correspondiente periodo de alegaciones, y valorarse las circunstancias personales de los expedientados, su arraigo en España y la peligrosidad de su conducta, los agentes elevaron la correspondiente propuesta de sanción a la Subdelegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que, tras su estudio y los informes de la Abogacía del Estado, ha resuelto la expulsión del territorio nacional y la imposición de un periodo de prohibición de entrada en territorio español de cinco años.