El anuncio del Gobierno central de un nuevo modelo de financiación autonómica, que entraría en vigor en 2027 y movilizaría cerca de 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades, ha sido recibido con prudencia por parte de expertos, analistas y representantes institucionales. Aunque la propuesta pretende corregir desequilibrios históricos del sistema vigente, caducado desde 2014, las voces consultadas coinciden en que la reforma deja sin resolver algunos de los principales problemas que arrastra la Comunitat Valenciana.
El director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Stéphane Soriano, cuestiona tanto el contenido como la forma del anuncio. A su juicio, resulta significativo que el presidente del Gobierno haya planteado el nuevo modelo tras una negociación con Esquerra Republicana y no en una conferencia de presidentes autonómicos.
Soriano subraya que la reforma mira al futuro, pero ignora el principal problema del presente: la deuda acumulada por la Comunitat Valenciana como consecuencia directa de ser, durante años, la peor comunidad financiada. Sin una solución clara a esa deuda ni un fondo de nivelación que compense de inmediato la infrafinanciación, considera que el anuncio corre el riesgo de quedarse en una operación política sin efectos reales a corto plazo.
Desde una perspectiva más técnica, Bartolomé Nofuentes, responsable de Fondos Europeos de Europa del Este, reconoce que la propuesta supone un avance respecto al sistema actual y que puede generar beneficios para los valencianos. Sin embargo, insiste en que no debe darse el debate por cerrado.
Nofuentes defiende que la Comunitat Valenciana debe seguir reivindicando el reconocimiento de su deuda histórica y presionar para mejorar una propuesta que, aun siendo positiva, todavía puede perfeccionarse. A su juicio, el acuerdo debería abordarse con mayor consenso y en los órganos multilaterales correspondientes.
«Un acuerdo de financiación bilateral con Cataluña»
Por su parte, el director y fundador de El Periódico de Aquí, Pere Valenciano, pone el acento en la falta de transparencia y en la experiencia de reformas anteriores. Recuerda que, históricamente, comunidades como Cataluña han salido mejor paradas en los distintos modelos de financiación, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, debido a su peso político.
Valenciano sostiene que solo cuando se conozca la letra pequeña podrá valorarse si la Comunitat Valenciana recibe un trato justo que la sitúe, al menos, en la media estatal y tenga en cuenta su deuda acumulada. Aunque no rechaza la llegada de nuevos recursos, advierte de que el anuncio puede convertirse en “un brindis al sol” si no se traduce en cambios estructurales reales.
En este contexto, los expertos coinciden en que el nuevo modelo abre una oportunidad para corregir desigualdades, pero también en que su éxito dependerá de la concreción de las medidas, del reparto efectivo de los recursos y, sobre todo, de la capacidad del Estado para afrontar la deuda generada por años de infrafinanciación. Para la Comunitat Valenciana, el debate no es solo cuánto recibirá en el futuro, sino cómo se compensará un pasado que sigue condicionando su presente.
