El Gobierno central ha puesto sobre la mesa una de las reformas más relevantes de la legislatura: un nuevo modelo de financiación autonómica que, de aprobarse, entraría en vigor en 2027 y movilizaría casi 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas.
El cambio aspira a corregir desequilibrios históricos del sistema actual y puede tener un impacto directo en territorios como la Comunitat Valenciana, tradicionalmente penalizada en el reparto de recursos.
¿Qué es la financiación autonómica?
La financiación autonómica es el sistema mediante el cual el Estado reparte los recursos públicos entre las comunidades para que puedan prestar servicios básicos como sanidad, educación o dependencia. De este reparto depende cuánto dinero tiene cada autonomía para invertir, contratar personal o mantener infraestructuras sin recurrir a subidas de impuestos o endeudamiento.
El modelo vigente, aprobado en 2009, está caducado desde 2014 y ha sido ampliamente criticado por generar desigualdades entre territorios. La Comunitat Valenciana es uno de los casos más citados: pese a tener una población elevada y una renta media, se sitúa sistemáticamente por debajo de la media estatal en financiación por habitante ajustado.
¿Qué cambia con la reforma propuesta?
La propuesta del Ministerio de Hacienda introduce varios cambios de calado. El primero es una nueva forma de calcular la llamada “población ajustada”, el criterio clave que determina cuánto dinero recibe cada comunidad. Ya no cuenta solo cuántos habitantes hay, sino también factores como el envejecimiento, la población escolar, la superficie, la dispersión territorial o los costes fijos de prestar servicios.
Además, el Estado aumentaría su aportación al sistema y reforzaría los mecanismos de solidaridad para reducir las diferencias entre la comunidad mejor financiada y la peor. Según Hacienda, la brecha actual —de unos 1.500 euros por habitante— se reduciría aproximadamente a la mitad.
¿Qué supone para la Comunitat Valenciana?
Para la Comunitat Valenciana, la reforma puede marcar un punto de inflexión. La comunidad presenta una población elevada, una fuerte presión sobre los servicios públicos y una renta media que no siempre se ha visto reflejada en una financiación suficiente. El nuevo modelo introduce elementos que podrían mejorar de forma sustancial su posición relativa.
El mayor peso de la población real y de variables como la edad, la educación o los costes estructurales favorecería a territorios con una elevada demanda de servicios públicos. Además, el refuerzo de los mecanismos de nivelación permitiría que las comunidades situadas por debajo de la media reciban más recursos para acercarse al resto.
A ello se suma la creación de un fondo climático dotado con unos 1.000 millones de euros, del que las comunidades del litoral mediterráneo podrían verse especialmente beneficiadas para hacer frente a los efectos del calentamiento y la adaptación al cambio climático.
¿Cómo puede notarse en el bolsillo de los valencianos?
El impacto del nuevo sistema no se traduciría de forma inmediata en más dinero en las cuentas corrientes, pero sí podría tener efectos claros a medio y largo plazo en la economía cotidiana de los ciudadanos.
Una mejor financiación permitiría a la Generalitat reducir la presión fiscal autonómica o, al menos, evitar subidas de impuestos para cuadrar las cuentas. También facilitaría una mejora de los servicios públicos sin necesidad de recortes, con más inversión en sanidad, educación y atención a la dependencia.
Otro factor clave es la deuda. La Comunitat Valenciana arrastra una de las mayores deudas autonómicas de España, en gran parte atribuida a años de infrafinanciación. Un sistema más justo ayudaría a frenar ese endeudamiento estructural y a reducir el coste financiero que, indirectamente, acaba soportando la ciudadanía.
Cruce de reproches políticos por el impacto de la reforma en València
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido que la nueva financiación autonómica permitirá saldar la deuda de 160 millones de euros que la Generalitat mantiene con el Ayuntamiento de València y ha subrayado que el modelo es “justo” y beneficioso para todas las comunidades. Según ha señalado, la reforma corrige desigualdades de hasta 1.500 euros por habitante y abre la puerta a reforzar los servicios públicos y el Estado del bienestar.
Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha acusado al Gobierno de “mentir” al asegurar que la ciudad recibirá más recursos y ha advertido de que el nuevo sistema “restará dinero a la financiación local”. Catalá ha criticado que se incremente la financiación autonómica sin definir antes la municipal y ha alertado de que los ayuntamientos podrían acabar recibiendo menos fondos, lo que, a su juicio, vulnera la autonomía local.
En la misma línea, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado que no apoyará la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al considerar que “no es buena” para la Comunitat Valenciana. Entre los motivos, ha señalado la ausencia de un fondo de nivelación transitorio y la falta de medidas para condonar la deuda derivada de la infrafinanciación, que ha cifrado en 40.000 millones de euros.
Un debate que se trasladará a las comunidades autónomas
La propuesta deberá ahora negociarse con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un proceso que se prevé complejo y políticamente sensible. El resultado final dependerá del consenso que se alcance y de los ajustes que se introduzcan durante la negociación.
Para la Comunitat Valenciana, el debate vuelve a situar en primer plano una reivindicación histórica: disponer de los recursos necesarios para atender a su población en igualdad de condiciones. Si la reforma prospera, no supondrá un cambio inmediato en los bolsillos de los valencianos, pero sí puede sentar las bases para una mayor estabilidad financiera, mejores servicios públicos y un menor esfuerzo fiscal en el futuro.
