La investigación judicial sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 da un nuevo paso. La magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha ordenado citar como testigo al dueño del restaurante El Ventorro, donde se encontraba el entonces presidente de la Generalitat durante la tarde en la que se debatió internamente el envío de la alerta de emergencias Es-Alert.
Según el auto dictado el 5 de noviembre de 2025, esta persona podría aportar información relevante sobre las conversaciones del jefe del Consell, en especial una mantenida con la exresponsable autonómica investigada Salomé Pradas en los momentos previos a la activación del sistema de avisos.
La decisión se enmarca en una batería de nuevas diligencias aprobadas por la jueza para reconstruir el proceso de toma de decisiones en el CECOPI y verificar qué información manejaban los cargos implicados y cuándo. La magistrada destaca la relevancia de los intercambios telefónicos registrados entre la investigada, el president y distintos miembros de su entorno, y apunta a la necesidad de esclarecer si la falta de transmisión de datos o una eventual demora en la reacción pudo influir en las decisiones adoptadas durante la emergencia.
Varios altos cargos de Presidencia también llamados a declarar
Además del dueño del establecimiento, el auto acuerda la declaración como testigos del síndic del grupo popular en Les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, así como de altos cargos de Presidencia de la Generalitat, el Secretario Autonómico de Gabinete y Comunicación, José Manuel Cuenca Aís, el Secretario Autonómico de Presidencia Cayetano García Ramírez y el Director General de Comunicación, Francisco Daniel González Pérez. También comparecerán dos personas que acompañaron al president en su entrada al CECOPI la noche del 29-O, para determinar si pudieron escuchar conversaciones o conocer de primera mano el contexto de las decisiones adoptadas el día de la DANA.
La jueza también requiere al medio eldiario.es en la Comunitat Valenciana la entrega de una copia íntegra del documental “¿Dónde estaba Mazón?”, difundido en octubre de 2024 y que, según la resolución, podría aportar información complementaria sobre los hechos y el itinerario del president aquel día.
El objetivo de estas diligencias es analizar si se cometieron errores u omisiones en la comunicación y coordinación institucional que pudieran haber contribuido a las graves consecuencias de la DANA. La resolución puede recurrirse en los plazos legales mediante recurso de reforma o apelación.
