El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha anunciado unas ayudas para que los municipios valencianos refuercen la prevención de catástrofes por valor de 20 millones de euros. “Se trata de inversiones para elaborar, revisar y actualizar planes de emergencia, adquirir hidrantes, sistemas de detección y de alerta semiautomática, grupos electrógenos o vehículos todoterreno, así como impulsar cursos de formación para la ciudadanía”, ha detallado Mompó.
Concretamente, las ayudas van destinas a la elaboración, revisión o actualización del Plan Territorial Municipal frente a Emergencias (PMT). Así como también a los planes frente a riesgos concretos que afecten a los municipios como inundaciones, incendios forestales, riesgos sísmicos y seguridad en playas.
También se subvencionará la compra e instalación de hidrantes, bombas de achique de agua y grupos electrógenos. Las ayudas incluirán además la adquisición de vehículos todoterreno y de maquinaria para desbroce y biotrituradoras.
Una apuesta por mejorar los sistemas de detección de incendios
Otro bloque de subvenciones se destinará a la instalación de Sistemas de Detección Temprana, especialmente orientados a la prevención de incendios forestales. Estos sistemas incorporan sensores térmicos y de gases, cámaras térmicas y de videovigilancia, así como drones para la vigilancia y la primera detección. Toda esta tecnología se integrará en un sistema de tratamiento de la información que permitirá el lanzamiento semiautomático de alertas, conectado y coordinado con el 112.
Igualmente, las ayudas se destinarán a la habilitación de helisuperficies para uso en emergencias. También se invertirán recursos en la identificación, señalización, adaptación y mantenimiento de vías de evacuación estratégicas, especialmente en zonas de riesgo por incendios forestales y en áreas de gran afluencia de público, como parajes naturales municipales o zonas de baño interior.
Refuerzo de infraestructuras y medidas frente a emergencias
Otro objetivo será la mejora de la accesibilidad y operativa de los medios de extinción y de emergencias. Se financiarán estudios y actuaciones para optimizar el Sistema de Drenaje Urbano Sostenible (SUD’s) y así reducir el impacto de lluvias torrenciales. Las ayudas también cubrirán la identificación y habilitación de espacios frescos y la adquisición de elementos que permitan a la población afrontar olas de calor con mayor seguridad.
En cuanto a la formación, las inversiones se dirigirán a capacitar en organización y respuesta ante emergencias a funcionarios municipales, grupos de Protección Civil y a la población en general. Se realizarán simulacros periódicos y se llevarán a cabo acciones de formación en autoprotección en centros educativos, residencias de mayores y entre colectivos vulnerables.

Reconstrucción tras la DANA
Mompó ha revelado estas nuevas ayudas en el espacio de debate Nueva Economía Fórum al que han asistido las vicepresidentas, las diputadas y los diputados de la corporación provincial, así como representantes del resto de administraciones y de la sociedad civil valenciana.
El presidente ha hecho un sucinto repaso al trabajo de la Diputación tras la dana: “más de 150 millones de euros ejecutados, 1.100 kilómetros de carreteras reconstruidas, 29 puentes restablecidos, 1.400 equipos informáticos repuestos, 43 vehículos entregados a ayuntamientos, más de 670 toneladas de cañas retiradas de nuestras playas, una inversión de más de 10 millones de euros para que los municipios puedan contratar personal cualificado y garantizar que cada euro recibido se traduzca en proyectos reales…”

En este sentido, además de la reconstrucción en las poblaciones afectadas por la DANA, Mompó ha señalado que uno de los retos más urgentes y graves es la falta de vivienda.
Ha avanzado que están estudiando la posibilidad de sacar a pública subasta algunos de los solares que posee la corporación en el Cap i Casal, con el objetivo de construir viviendas VPO dirigidas a las futuras generaciones. “Queremos actuar y aportar soluciones concretas”, ha subrayado Mompó. Todo ello, a pesar de que la corporación provincial no tiene competencia directa en esta materia.














