La gestión de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre ha suscitado un intenso debate jurídico y político. El episodio, que dejó un saldo trágico de 223 víctimas mortales, cuatro desaparecidos y cuantiosos daños en 82 municipios, ha derivado en una serie de denuncias y querellas contra diversas autoridades, incluyendo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido acumular en un solo procedimiento las siete denuncias presentadas, que incluyen tanto vías civiles como penales. Este enfoque busca una mayor eficiencia dada la magnitud de los daños, el número de posibles testigos y peritos, así como la complejidad de los hechos investigados.
La Fiscalía de la Comunitat Valenciana, en un informe emitido recientemente, ha recomendado que la investigación inicial sea llevada a cabo por un juzgado de instrucción. Este organismo tendría la tarea de esclarecer las responsabilidades específicas de los implicados, con base en una investigación detallada que evalúe posibles omisiones en la gestión de la emergencia.
Entre las acusaciones destaca la presunta «desatención de deberes» por parte de las autoridades. Según los querellantes, no actuaron adecuadamente frente a las alertas emitidas por diversos organismos. Esta inacción podría haber agravado los efectos de la catástrofe, según los denunciantes.
AEMET Y LA CHJ TAMBIÉN BAJO INVESTIGACIÓN
La Fiscalía considera razonable que, si se encuentran indicios de responsabilidad penal contra Mazón, el caso se eleve al TSJCV, dada su condición de aforado. Por otro lado, los procedimientos en juzgados ordinarios también analizan posibles responsabilidades de otros organismos, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Conselleria de Justicia e Interior.
La decisión final sobre la apertura de una causa penal será tomada por el Pleno del TSJ, que incluirá a su presidenta, Pilar de la Oliva, y otros cuatro magistrados. Mientras tanto, partidos como PSPV y Compromís aún deliberan sobre su participación en estas acciones legales, mientras que organizaciones como Iustitia Europa y el sindicato CGT ya han presentado querellas formales.
