El hallazgo inédito de casos positivos de COVID-19 ha forzado al Ministerio de Sanidad a cambiar su estrategia de gestión. Así, se han aprobado una serie de cambios en el protocolo sanitario para liberar presión sobre la atención primaria.
No obstante, el impacto hospitalario respecto a los contagiados por Ómicron sigue siendo inferior al de otras olas. Sin embargo, el sistema de detección y rastreo actual está completamente desbordado. Mayoritariamente, estas tareas se realizan en los centros de salud. Además, son los encargados de realizar las pruebas diagnosticas a través de PCR a la población.
Por eso, el gobierno español y las comunidades autónomas han acordado en el Consejo Interterritorial de Salud el cambio del protocolo. Así, Sanidad ha decidido limitar la realización de estos tests PCR a la población. En caso de sospecha, ya no se realizarán tests PCR para confirmar los casos positivos de coronavirus.
LOS TESTS PCR SE LIMITAN A GRUPOS DE RIESGO Y CASOS GRAVES
De ahora en adelante, esta prueba diagnostica solo se realizará si la persona afectada presenta sintomatología grave o pertenece a algún colectivo de riesgo. Esta reforma se establece en el documento redactado por la Comisión de Salud Pública que se adapta al nuevo escenario epidemiológico. Así, se pretende adaptar la estrategia de detección primaria, vigilancia y control del coronavirus a los nuevos casos de Ómicron.
Esta modificación sustancial se añade al acortamiento de las cuarentenas para los positivos asintomáticos de diez a siete días. La nueva ola de coronavirus ha marcado el pase de una fase pandémica a otra endémica, según palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La política asegura que la variante Ómicron es más transmisible, pero menos grave y con un periodo de incubación más corto.
En este contexto, los centros de salud dejarán de realizar seguimiento activo sobre los casos de las personas positivas asintomáticas. Además, también se dejará de realizar este seguimiento a cuadros leves que no sean grupos de riesgo. La idea de esta reforma es salvar la atención primaria del hallazgo de rastreos y pruebas a la población sin peligro real.
Por eso, finalizan las PCR generalizados en la red sanitaria a las personas que sean contactos estrechos de un positivo. Ahora, los esfuerzos se centrarán en las personas de riesgo como los mayores de 70 años, inmunodeprimidos, embarazadas o no vacunados. Además, también se suma a esta lista los grupos de entornos vulnerables como residencias, cárceles o centros de personas con discapacidad.
LOS POSITIVOS EN LOS TESTS RÁPIDOS SE DARÁN POR VÁLIDOS
Para el resto de la población, la persona con sospecha de coronavirus deberá hacerse una prueba en casa. A través del test de antígenos, el resultado positivo se dará por válido. Si se confirma la infección pero no hay síntomas o son leves, hay que guardar siete días de cuarentena en el domicilio particular. En cambio, si la sintomatología persiste no se puede abandonar el aislamiento hasta el décimo día.
No obstante, las comunidades autónomas y la ponencia de alertas decidirán la semana que viene sobre estos positivos. Se está debatiendo sobre si los positivos de los auto-test figuren o no en la estadística oficial tras no estar confirmados por los centros de salud.
FIN DE LOS CONFINAMIENTOS DE LOS GRUPOS BURBUJA EN LAS AULAS
Otra de las novedades recogidas en el documento consensuado en la Interterritorial es el fin de los confinamientos generalizados en el ámbito escolar. Esta medida del viene justificada por el inicio de la vacunación pediátrica de los menores entre 5 y 11 años. Se empezará a aplicar cuando el alumnado vuelva a sus clases tras las vacaciones de Navidad. Así, en caso de brote en una aula, se determinará un protocolo de actuación dependiendo del contexto.
Además, cabe recordar que el próximo 4 de enero está prevista la reunión entre Sanidad, Educación y comunidades autónomas. En esta conferencia se detallará con mayor exactitud la medida y la vuelta a las clases. La intención es que se garantice y se mantenga la presencialidad.
