Engañados, así se sienten los agricultores y ganaderos valencianos; viven, según sus propias palabras, una situación límite. Es por ello que hoy han decidido salir a la calle en una gran tractorada. A pie o en sus tractores los agricultores han colapsado el centro de la ciudad de Valencia para reclamar una solución a su situación.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, la Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (FEPAC-ASAJA), La UNIÓ de Llauradors i Ramaders y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV), principales asociaciones agrarias han participado conjuntamente en esta tractorada, una movilización sin precedentes.
El recorrido se ha iniciado en la Plaza San Agustín desde donde se han trasladado hacia calle Xàtiva, la calle Colón, la Porta de la Mar y la avenida de Navarro Reverter (consultar recorrido). Las protestes finalizarán con la entrega, a la nueva delegada del Gobierno, Gloria Calero, de un documento reivindicativo y la petición de una reunión para abordar medidas orientadas a mejorar la rentabilidad de los productores.
Centenares de tractores y agricultores llegados en autobuses de las tres provincias han reclamado en esta tractorado medidas tanto al nuevo Gobierno de España como a la Generalitat y especialmente a la Unión Europea, ante los acuerdos comerciales con terceros países que «dejan fuera» a los productores locales.
El objetivo ha sido dejar claro que «los agricultores no son el problema» e instar a que «los partidos políticos de todos los colores hagan algo», así como pedir a la sociedad que no los «criminalice».
Tractorada por la inacción de las administraciones
Tractorada por la inacción de las administracionesConcretamente los agricultores piden a las administraciones que reaccionen en su defensa, consideran que llevan más de 25 años sin una apuesta clara orientada a salvar un sector que se encuentra en peligro de muerte, comentan.
En declaraciones a 7Televalencia el vicepresidente de AVA-ASAJA, Bernardo Ferrer, decía que no pueden excusarse las administraciones. Estas deben legislar en materia de precios para evitar que los agricultores vendan a pérdidas y sus productos luego sean vendidos por terceros con un incremento, en algunos casos, del 2000% de su precio, como ocurrió en la pasada temporada del caqui.
Sus peticiones pasan porque el nuevo gobierno de Pedro Sánchez empiece a abordar una ley de cadena alimentaria «justa» que delimite los precios en origen, con unos mínimos como la norma aprobada en Francia en 2018, y que baje la presión fiscal que soportan los agricultores «dulcificando un poco los impuestos», ya que recuerdan que también son empresarios.
