Para la formación del nuevo Gobierno en España ha sido clave el pacto del PSOE y Junts per Catalunya. Sin embargo, había una condición para la ejecución del acuerdo y la posterior votación a favor de la investidura: la Ley de Amnistía.
La norma se registró a finales de 2023 en el Congreso de los Diputados para proceder a al tramitación «por la vía de urgencia» aunque finalmente ha sido este jueves cuando se ha aprobado con 177 votos a favor y 172 en contra.
La ley supone la anulación de «responsabilidad penal, administrativa y contable» de todos los delitos relacionados con el independentismo catalán entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
«La amnistía abarca no sólo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables», reza el texto de 23 páginas.
La amnistía también incluye «la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos los actos objeto de la presente ley que acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver».
1. ¿A QUIÉN SE APLICARÁ LA LEY DE AMNISTÍA?
La amnistía se aplicará tanto a los líderes de ERC y Junts per Cat, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, como a los principales dirigentes independentistas (consellers y diputados). Además, también a directores de colegios del 1-0, alcaldes, manifestantes y policías que actuaron en el referéndum del 1 de octubre de 2017. En total, se calcula que se anulará la responsabilidad penal, administrativa y contable de más de 300 independentistas y 73 policías.
2. ¿QUÉ PASARÁ CON PUIGDEMONT?
El texto acordado por PSOE y Junts hace una referencia directa al caso del expresident de la Generalitat de Cataluña aunque sin mencionar su nombre. La propuesta de ley señalaba que «quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión». Asimismo, añade que también deja sin efecto «las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención». Por tanto, los dirigentes fugados como Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira que tenían una orden nacional de detención, quedarán amnistiados.
3. ¿Y QUÉ SUCEDE CON LOS DELITOS DE TERRORISMO?
En aquellos casos en los que haya una condena firme relacionada con delitos de terrorismo, la propuesta de ley de amnistía excluía el perdón de ellos. Esta parte incluye desde atentados mortales, hasta la fabricación de explosivos o la realización de torturas.
4. ¿QUÉ DICE LA LEY DEL ‘LAWFARE’?
Nada, en la proposición de ley de amnistía no se incluía ninguna alusión relativa al ‘lawfare‘. En el texto no hay referencias a la persecución política desde los tribunales ni contiene información sobre las comisiones de investigación de sentencias judiciales.
5. ¿CÓMO SE JUSTIFICA LA LEGALIDAD DE LA AMNISTÍA?
La Ley de Amnistía justifica su texto en que la aplicación de la legalidad es «necesaria», sin embargo, añade que «en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo». Por ello, apunta a que en este caso la justicia debe adaptarse al contexto político.
«Esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un estado de derecho no son, ni deben, ser inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario», reza el preámbulo de la ley.
