Las obras para el despliegue completo de los sistemas de control de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia (ZBE) culminarán en diciembre de este año. De momento ya están instaladas un total de 33 cámaras de las 278 cámaras que habrá. A todo ello se sumarán 59 puntos de control, 44 paneles de información variable y 8 sensores medioambientales de la ZBE.
De todas ellas, 4 cámaras se han situado en la avenida del General Avilés; otras 2 en el paso inferior de la misma avenida con Peset Aleixandre; 8 en la avenida de Maestro Rodrigo; 5 en la calle de La Safor; 4 en la avenida del Levante U.D.; 4 más en avenida de Juan XXIII; 3 en LLano de Zaidía; 2 en la avenida del Cid y 1 en la avenida Pérez Galdós.
De la misma manera se han desplegado ya los 9 puntos de control asociados a estas cámaras. Además, se desarrollan dentro de lo previsto las pruebas de la que será la plataforma de gestión de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia.
LAS CÁMARAS GARANTIZARÁN LA PRIVACIDAD DE SUS OCUPANTES
Las cámaras podrán grabar en cualquier condición lumínica todo tipo de matrículas, que se cotejarán con los datos de la DGT para conocer la etiqueta ambiental de cada vehículo. No obstante, están diseñadas para garantizar la privacidad absoluta de los conductores. Contienen herramientas para difuminar rostros y las matrículas de los coches no infractores.
La Zona de Bajas Emisiones contempla que, durante el año 2025 se lleve a cabo una fase informativa, en la que no se impondrán sanciones, y será a partir de enero de 2026 cuando se limite la entrada a vehículos con etiqueta A, pero únicamente de fuera de la provincia de Valencia, de más de 27 años sin son de gasolina, o de más de 22 años si son de gasoil. A partir de enero de 2027 la limitación será para cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad. Y las restricciones serán ya totales a partir del 1 de enero de 2028.
El Concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ya insistió en que el consistorio ha optado «por una normativa blanda, porque pretendemos proteger los intereses económicos y sociales de los vecinos, y especialmente para evitar que los perjudicados sean aquellos con menos recursos y posibilidades para cambiar de vehículo y de ahí el calendario progresivo de implantación previsto en la normativa”.
