El pasado 9 de diciembre el Tribunal Constitucional se encargó de enterrar la polémica generada en torno a la declaración de impacto ambiental sobre la ampliación del Puerto de Valencia. Tras una resolución judicial en la que daban la razón al Puerto, la entidad portuaria espera continuar con la licitación en los meses de enero y febrero.
Así pues, tras una reciente reunión presidida por Aurelio Martínez, el Consejo de Administración del Puerto ha hecho hincapié en la ampliación que esperan llevar a cabo desde 2023. No obstante, Martínez ha aclarado que la sentencia tan solo ha confirmado quién es el órgano sustantivo que tiene que decidir sobre ello.
Precisamente esto último es lo que han recurrido, quién es el órgano sustantivo: el Puerto de Valencia o Puertos del Estado. De todos modos, Martínez quiso restarle importancia al asunto y ha reconocido que «sea quien sea el el órgano sustantivo, la decisión final será la misma».
En consecuencia, desde la entidad portuaria de Valencia se remitirá un informe para que el Consejo de Ministros tenga toda la documentación posible «para que vea que aquí no hay ningún problema y que lo apruebe». El presidente del Consejo de Administración calcula que en enero podrían tener la ansiada aprobación desde Madrid.
RIBÓ DICE NO A LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO
Por otra parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha confirmado su voto negativo sobre la citada ampliación. La polémica a todo esto se remonta a una declaración de impacto ambiental que se hizo desde el Ministerio de Medio Ambiente en lo que respecta al primer proyecto de ampliación presentado.
Desde el propio Puerto esperan que la nueva propuesta obtenga la licitación en el mes de enero para que en 2023 comiencen las obras de ampliación. Todo con el objetivo final de que para 2027 estén funcionando con los nuevos cambios.
