La operación del caso Azud por la presunta trama de corrupción urbanística sigue en marcha. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha procedido hoy a registrar la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia.
Los agentes han accedido a las dependencias municipales del edificio de la antigua Tabacalera. Allí han pedido documentación sobre las operaciones realizadas en 2007.
Sin embargo, no es la primera vez. Según ha explicado la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, «ya en 2018 nos precintaron documentación por la operación Azud. Reitero, esto se conocía que estaba en marcha y hay documentación precintada en el Ayuntamiento de Valencia desde hace tres años. Supongo que habrá sido lo que se han llevado».
BLANQUEO Y PREVARICACIÓN, ENTRE OTROS DELITOS DEL CASO
La investigación continúa abierta en la que ya es la segunda fase del caso Azud. Además del registro, la OCU también ha cursado comisiones rogatorias con el fin de buscar dinero en el extranjero. Se sospecha que algunos de los 14 detenidos el pasado jueves podrían haber escondido cantidades fuera de España.
Entre los arrestados se encuentra el último exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio (PSPV); y el exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia por el Partido Popular, Alfonso Grau. Ambos se encuentran en prisión provisional desde el sábado junto a otros tres empresarios pues existía riesgo de fuga o destrucción de pruebas.
Los otro ocho detenidos están en libertad pero se les han retirado los pasaportes y tienen prohibido salir del país. Además, deberán acudir a comparecencias semanales en sedes judiciales.
Los delitos que se investigan son asociación ilícita, blanqueo, cohecho, falsedad documental, grupo criminal, prevaricación y tráfico de influencias. A esto se suma que Rubio y Grau están acusados de haber cobrado posibles mordidas a cambio de adjudicaciones urbanísticas en el periodo comprendido de 2004 a 2011. Con dicha operación habrían ganado entre un millón de euros (Grau) y 300.000 euros (Rubio).
