Jueces valencianos señalan a la Conselleria de Justicia por el fallo del desfibrilador que impidió la muerte de una persona

Las últimas informaciones desvelan que el desfibrilador no funcionaba por falta de batería y que el material médico estaba caducado

desfibrilador

La organización valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) ha emitido un comunicado en el que llama a la apertura de una investigación de la Conselleria de Justicia, dirigida por Gabriela Bravo, para averiguar si ha existido «alguna negligencia» en el fallo del desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de Valencia que impidió salvar la vida de un hombre la pasada semana.

Fue el jueves 17 de octubre cuando un hombre de 54 años que se encontraba en una sala de visitas mientras se celebrara un juicio en el que estaba procesado por un asunto de drogas sufrió una parada cardiorrespiratoria. Cuando fue a utilizarse el desfibrilador en su ayuda este no pudo ser utilizado al marcar un nivel insuficiente de batería impidiendo así salvar la vida de la víctima.

La organización alude al acuerdo de «medidas efectivas que eviten los riesgos en materia de seguridad y salud que generan estas situaciones». «No podemos olvidar que por la Ciudad de la Justicia pasan a diario miles de personas, además del número importante de trabajadores de distintos sectores profesionales que ejercen su actividad laboral en este recinto. La Generalitat es la titular del edificio y debe cumplir el Decreto 159/2017, aprobado por el propio Gobierno valenciano, que regula la instalación y uso de los desfibriladores, así como su mantenimiento», señala.

«Las últimas informaciones difundidas desvelan que el referido desfibrilador no funcionaba por falta de batería y que el material médico para su uso estaba caducado. Además, en mayo de 2018 esta anómala situación ya habría sido puesta en conocimiento del gerente de la Ciudad de la Justicia, el cual la habría transmitido a la Conselleria de Justicia, sin que al parecer se hayan tomado las medidas oportunas», explican desde JpD.

«Ha de recordarse que la Conselleria de Justicia no ha convocado desde enero al comité de coordinación de prevención de riesgos laborales, a pesar de que el mismo había de reunirse con carácter trimestral. La falta de funcionamiento de esta mesa técnica muestra cierta desidia de la actuación institucional en la materia», sentencian.