La Generalitat Valenciana modifica las medidas de seguridad para adaptarse a la nueva normalidad de la pandemia
Un agente de la policía portuaria de Valencia durante la pandemia.

Incumplir las medidas de seguridad e higiene contra la pandemia tendrá un coste muy caro en la Comunitat Valenciana. El Consell ha aprobado un nuevo decreto ley con la regulación de las sanciones que se impondrán si no se cumple con la normativa contra el coronavirus.

Hasta 60.000 euros de multa es la cantidad que ha estipulado la Generalitat Valenciana. La cifra parte de los 60 euros y crece en función de la infracción cometida y su gravedad. Para ello se han establecido tres niveles de sanciones: leves, graves y muy graves.

El incumplimiento puede ir desde el pago de la multa hasta el cierre de locales y negocios si los establecimientos no cumplen con el régimen aprobado. Además, estos podrían enfrentarse a una suspensión de sus actividades hasta tres años.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, han sido quienes han presentado el nuevo decreto en rueda de prensa. Han asegurado que el servicio estará centralizado en la Generalitat. Han asegurado que el objetivo no es recaudar dinero con las multas sino disuadir del incumplimiento de las medidas a la población para frenar la pandemia.

¿QUÉ ES UNA SANCIÓN LEVE, GRAVE Y MUY GRAVE?

Usar mal la mascarilla sin tapar boca y nariz o no llevarla puesta será una sanción leve. Esto supondrá una multa de 60 a 100 euros. En este tipo de sanciones también se incluye que un local no informe del aforo e incumpla con medidas de higiene.

Además, si se debe estar en cuarentena por posible contagio al haber tenido contacto con un COVID-19 también se sancionará con una penalización leve. Esta será considerada como multa grave si es un enfermo de coronavirus quien se salta la cuarentena.

En las sanciones de gravedad intermedia también se incluye la organización de fiestas, reuniones o eventos con aglomeraciones. Mientras que las infracciones muy graves serán las que afecten a más de 150 personas; incluyan menores o personas vulnerables; sean reincidentes o incumplan con la prohibición de habilitar las pistas de baile de pubs o discotecas.